El 16 de junio de 2022, la Corte Suprema rechazó los argumentos de los republicanos para defender la política migratoria de "carga pública" de la era Trump. Esta política dificultaba que los no ciudadanos regularizaran su estatus si utilizaban ciertos beneficios públicos como Medicaid, cupones de alimentos y subsidios de vivienda. Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden derogó esta política. Sin embargo, estados republicanos como Arizona y Texas impugnaron la facultad de Biden para eliminar la norma de Trump y abogaron por que se mantuviera vigente. La Corte Suprema emitió un fallo que desestimó el caso y consideró que Biden tenía autoridad para eliminar la norma. A partir de ahora, los no ciudadanos no tienen que preocuparse por utilizar servicios gubernamentales, ya que esto ya no afectará sus posibilidades de obtener la aprobación de su estatus legal.
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