ICE recibe nuevas directrices: Enfoque en las amenazas a la seguridad

La semana pasada, la administración Biden publicó nuevas prioridades para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre qué inmigrantes indocumentados deberían ser arrestados. Las nuevas directrices otorgan a los agentes del ICE una amplia discreción para decidir quiénes representan una amenaza para la seguridad pública y quiénes no. Estas directrices están diseñadas explícitamente para revertir las políticas de arresto generalizadas de la administración Trump, que fueron tan severas como derrochadoras de recursos gubernamentales.

Ahora, los agentes del ICE tienen la capacidad de centrarse en diferentes categorías de delincuentes, lo que les permite arrestar a los delincuentes más graves o peligrosos.

“Estamos… empoderando a nuestro personal para que ejerza su criterio, su criterio policial”, declaró el secretario del DHS, Alejandro N. Mayorkas. Los agentes del ICE ahora pueden considerar la gravedad de los delitos anteriores, el impacto de esas acciones, la presencia de un arma de fuego y la edad del infractor. Los agentes del ICE también pueden considerar cómo afectaría una deportación a la familia del infractor antes de emitir una orden de expulsión.

Los defensores de los inmigrantes están preocupados por las implicaciones de las nuevas directrices.

Al otorgar tanta discreción a los oficiales, algunos defensores de los inmigrantes temen que continúe la política de la era Trump de realizar arrestos indiscriminados sin considerar los elementos mencionados. La política de Trump de autorizar el arresto de cualquier residente indocumentado fue bien recibida por algunos agentes del ICE, por lo que los defensores se preguntan hasta qué punto el empoderamiento de los agentes del ICE mejorará la política. El secretario Mayorkas ha declarado que se impartirá capacitación a los agentes del ICE sobre las nuevas directrices.

Estas directrices sustituirán a las directrices provisionales que fueron impugnadas recientemente ante los tribunales. «Las directrices provisionales establecían límites más claros sobre lo que los agentes debían o no debían hacer, y un proceso más claro sobre cómo aplicarlas», declaró Lena Graber, abogada principal del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. «Esta nueva política elimina esos límites».

El secretario Mayorkas afirmó que no era así. «Estas directrices se evaluarán de forma continua», declaró. El memorando prometía que las decisiones de aplicación estarían sujetas a una «revisión rigurosa» durante los primeros 90 días de su vigencia.

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